Las imágenes de miles de personas entrando al parlamento mexicano protestando contra la polémica reforma judicial son históricas. ¿Por qué se llegó a este punto de inflexión en medio de un traspase de gobierno? ¿Corre riesgo la división de poderes en México? ¿Fue el último acto de Andrés Manuel López Obrador de cara al copamiento partidario? Aquí damos más luces del polémico proceso por el que pasa México de cara a un nuevo gobierno.
¿Qué cambia con esta reforma?
En el sistema judicial mexicano los miembros de la Suprema Corte eran nominados por el presidente y electos en el Congreso. Una vez compuesta la Corte ellos mismos elegían a su presidente.
Ahora, junto con los miembros de la Suprema Corte, un promedio de 1635 jueces serán electos por votación popular a nivel federal en los comicios judiciales propuestos de manera extraordinaria para el 2025 y que continuarán en el 2027.
La Suprema Corte tendrá un recorte de miembros que pasarían de 11 a 9 magistrados, así también el tiempo que estén en el cargo se reduce de 15 a 13 años y se elimina la pensión vitalicia para todos los miembros.
Con la reforma también se elimina el consejo de la judicatura, órgano del Poder Judicial que se encarga de la administración, disciplina y carrera judicial en todo el país. Este órgano será reemplazado por un Tribunal Disciplinario que estará integrado por 5 personas por un periodo de 6 años. Uno de los miembros de este nuevo órgano será nombrado por el Ejecutivo, otro por el Senado y los otros 3 por la Suprema Corte. Este órgano no tendrá jurisdicción sobre la Suprema Corte sino sobre otras cortes menores y estaría facultado para remover jueces.
Pero el punto más polémico quizás sea la introducción en el sistema legal mexicano de los "Jueces sin rostro". Los magistrados ahora podrán podrán ocultar su identidad para protegerse de la violencia del narcoterrorismo y la delincuencia organizada. Esta controvertida gestión de las sentencias ya se realizó anteriormente en países como Perú bajo el mandato autocrático de Alberto Fujimori para proteger a los jueces que sentenciaban a miembros de los grupos terroristas Sendero Luminoso y MRTA.
¿Cuando se aprobó la reforma?
La madrugada del pasado 11 de septiembre, entre gallos y medianoche, fue aprobada la reforma judicial que tanto promocionaba el presidente saliente, por parte del Senado, ya que anteriormente había sido aprobada en la Cámara de Diputados.
Fueron 86 votos a favor, la gran mayoría de MORENA, partido gobernante, pero también del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), el Partido del Trabajo (PT) y de un representante de la oposición, el senador Miguel Ángel Yunes, del Partido Acción Nacional (PAN), a quien las críticas llovieron pues su voto fue decisivo para la aprobación de la reforma al no haber abstenciones. Pocos meses antes, el mismo senador había llamado “Loco, vividor del sistema” al propio AMLO.
Yunes, había roto comunicación dos días antes con su bancada; el día de la votación se había ausentado durante la mañana y en la noche - madrugada votó a favor de la reforma a la que se oponía todo su bloque partidario, ganándose así el oprobio de gran parte de la población.
Algunos periodistas sospechan que Yunes vendió su voto a cambio de impunidad para él y su familia, investigados por nepotismo, enriquecimiento ilícito y corrupción. Cabe señalar que incluso la periodista Lydia Cacho, señaló a Miguel Angel Yunes Linares, padre del Senador y también político, como uno de los "amigos" del empresario condenado por pederastia, Jean Succar Kuri, quién falleció el pasado 14 de junio. El padre del Senador siempre negó esta acusación.
Luego de la votación, el PAN expulsó al Senador. Yunes Márquez militaba en el PAN desde el 2000.
Por otro lado, 41 senadores votaron en contra de la reforma, todos pertenecientes a la oposición alineada en torno al Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el partido Movimiento Ciudadano.
Una vez votado en el Senado nacional, la norma pasó a ser aprobada por los parlamentos de los 32 Estados federales que componen el país. Debido a que es una reforma constitucional, debía ser aprobada por la mitad + 1 de los Estados de México, es decir 17. Esta no era una tarea difícil para el gobierno ya que el partido en el poder tiene mayoría parlamentaria en los congresos de 27 Estados a lo largo y ancho del país. Incluso en Estados como Oaxaca, la reforma se aprobó por unanimidad con el auspicio de los propios partidos opositores locales (PAN, PRI y PRD), lo que dice mucho de la escasa solidez de la oposición en el interior del país.
El Senador del PAN, Ricardo Anaya, aseguró ante los medios que la aprobación de la propuesta en los congresos locales fue express: "En los congresos estatales ni siquiera leyeron el dictamen. No había pasado ni una hora desde que lo aprobamos a las 5 de la mañana y a las 6 de la mañana ya había congresos estatales aprobándolo", aseguró.
Luego de ser aprobada en la mayoría de las legislaturas locales, el presidente saliente firmó el decreto para su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Lo hizo junto con Claudia Sheinbaum, quien le tomará la posta como mandataria desde el 1 de octubre.
¿Qué significa esta norma para el ejecutivo y para la oposición?
Para el gobierno y sus allegados esta norma servirá para combatir la corrupción en el sistema judicial y la influencia del narcotráfico en las cortes. Además le daría el poder a la ciudadanía de evaluar a quienes imparten justicia con su voto ante una reelección.
Así, la reforma del Poder Judicial es parte de la visión y misión de AMLO para acabar con las estructuras de poder "corrompidas" que han dominado por años al país.
Desde su llegada al poder AMLO y su partido prometieron una "4ta Transformación", un proyecto político desde la izquierda para cambiar al país desde sus cimientos. Algo parecido a lo que pretendía Rafael Correa en Ecuador con su "revolución ciudadana" o lo que pretendió Evo Morales en Bolivia con su idea de refundar su país. O yendo más lejos la propuesta del "Socialismo del Siglo XXI" para cambiar la sociedad venezolana impulsada por Hugo Chávez.
Por ello esta nueva estructura es también una forma de garantizarle vía libre a Sheinbaum, su sucesora, para que ejerza los cambios necesarios sin obstáculos judiciales, ya que AMLO cuestionaba a los tribunales a quienes consideraba afines a la oposición.
Para sus detractores, la reforma del poder judicial de AMLO será en realidad una purga de jueces no alineados al partido gobernante. Su puesta en marcha politizará la justicia debido a que no habrá un principio de mérito sino partidario, acabará con la carrera judicial, favorecerá a aquellos que tengan contactos políticos o afines al gobierno de turno, generará una red de corrupción si es que el narcotráfico decide auspiciar candidaturas, se emitirán fallos menos técnicos y el país mostrará inestabilidad legal a los inversionistas extranjeros.
Sobre este último punto, la reforma le restará institucionalidad al país poniendo en jaque compromisos internacionales como el T - MEC (Tratado de Libre Comercio entre EEUU, Canadá y México firmado en 2018, durante la cumbre del G20, para sustituir al Tratado de Libre Comercio de América del Norte de 1994) que establece mantener tribunales independientes para la resolución de controversias laborales. La embajada de Estados Unidos en México calificó a la reforma judicial como "un riesgo mayor" para la democracia mexicana.
Además la reforma aprobada será sumamente cara para el país. La puesta en marcha de un nuevo proceso electoral demandará mayor presupuesto, teniendo en cuenta además el número de jueces a ser electos. Según cálculos sólo en la capital, los votantes tendrán que elegir a 334 magistrados y para ello deberán elegir entre más de 2 mil candidatos. Habría un exceso de oferta electoral y una población con imposibilidad para informarse de la hoja de vida de todos los candidatos. Sumado a esto está la poca participación electoral que tendrían estos comicios en un país como México donde existe el voto obligatorio pero a su vez no existen sanciones para los ciudadanos que deciden no hacer uso de este derecho.
Por último, esta reforma traería un serio revés a las leyes progresistas implementadas en México. Curiosamente esta reforma promovida por un gobierno de izquierda progresista haría que las nuevas normas sean sumamente conservadoras. Y es que si depende de la población elegir a los jueces, la mayoría de ellos por querer ser electos tendrán que acoplarse al sentimiento conservador de un país aun muy machista como México para ganar la elección. Ante ello, podría darse un retroceso en materia de género y minorías sexuales en un país que ya había superado los resquicios del machismo de la sociedad desde una magistratura técnica y no populista.
Aunado a esto está la famosa evaluación por parte de la ciudadanía de los jueces electos, la cual es imposible por tratarse de funcionarios que ven casos netamente jurídicos de los cuales no necesariamente tiene conocimiento técnico la población. Si un juez emite fallos favorables a los acusados por un mal trabajo de los fiscales, para la ciudadanía siempre la culpa sería del juez electo que favoreció al acusado aún cuando simplemente está cumpliendo con su misión y no del fiscal que no sabe hacer su trabajo. Estos jueces podrían ser no reelectos por el clamor popular mientras los fiscales seguirían haciendo un mal trabajo.
Como medida en contra de la reforma, trabajadores del Poder Judicial y algunos jueces iniciaron una huelga indefinida. Al ser consultada sobre esta acción de protesta, la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, dijo que "si se van a mantener en paro, pues que no cobren sus salarios".
Protestas contra la reforma
Al grito de "El Poder Judicial no va a caer, no va a caer" y "¡Yunes traidor, te vendiste al dictador!", grupos organizados que se oponen a la reforma se encaminaron a la sede actual del Senado.
El grueso de los protestantes estaba conformado por trabajadores del Poder Judicial, algunos de los cuales hicieron tiendas de campaña en los alrededores del Senado días previos a la votación, también participaron estudiantes de derecho y organizaciones civiles.
En un hecho histórico, los manifestantes llegaron a tomar el propio Senado, ingresaron a la sala plenaria y fueron recibidos por los partidos de oposición. Ante la falta de orden para la toma de decisiones, los legisladores tuvieron que sesionar en un edificio alterno, la Antigua Casona de Xicoténcatl, la cual funcionó como sede del Senado hasta el 2011.
Las manifestaciones culminaron y el texto se aprobó. En medio de votaciones polémicas, aprobaciones express en los congresos estatales y sesiones interrumpidas, México vivió su propio 11 de setiembre. La historia dirá si este es también el mayor atentado a la democracia azteca.
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